Libertad de expresión:
No siempre ha sido así

Vivimos —posiblemente, sin que casi nadie se percate de ello— en una de las épocas de mayor libertad de expresión en la historia de Chile. En realidad, no “una de las”, sino simplemente la más. Esta aseveración acaso suene fuera de lugar en tiempos marcados por la sospecha, la desconfianza y la idea de que periodistas y ciudadanos están, en cuanto a la libertad de vocear sus cuitas, constreñidos por “los poderosos”,  por intereses del gran capital que controlan el discurso medial hegemónico. No han sido los últimos diez años propicios a la confianza en los medios de comunicación, pero hay que considerar que su punto más bajo, como indican las encuestas del Centro de Estudios Públicos, fue octubre de 2019, cuando se  marcó casi un divorcio entre ellos y la ciudadanía: hasta la radio, medio que tradicionalmente era indicado como aquel en el que  los chilenos elegían depositar su fe, obtuvo entre los encuestados un 70% de “poca o nada” confianza en aquel incendiado mes. Los extremos gritan, pero terminan encontrándose: un mismo profesional de la prensa puede ser un “facho” o un “comunacho”, dependiendo de los heroicos ciudadanos que, armados de sus dedos y pantallitas, vierten en redes sociales implacables opiniones y utilizan el sarcasmo como AKA-47 (pero que, vis a vis, se transforman —oh sorpresa— en suaves conejitos).

¿No es raro que todo esto se dé en la época en que los medios de comunicación precisamente han gozado de la más amplia libertad? Porque si bien la historia del periodismo en Chile está acompañada de garantías constitucionales a la libertad de expresión, durante 190 años las patadas y zancadillas del poder contra los periodistas fueron moneda común. La “cana” o la relegación han sido parte de un paisaje común a los profesionales de la prensa durante buena parte del trayecto democrático chileno.

Sobre este asunto habría que empezar a derribar algunos mitos. Como todo en nuestra historia reciente, la larga interrupción de la democracia producida por la dictadura termina contaminando la mirada. Desde luego, es imposible sostener que haya habido un periodo más negativo para el ejercicio de la libertad de expresión que aquel, partiendo por el asesinato, por mano de agentes del Estado, de veintidós periodistas, nueve estudiantes de periodismo, veinte personas relacionadas con la industria de los medios de comunicación y veintiocho obreros gráficos, todos ellos vinculados a la izquierda política. Cabe recordar también que dentro de las acciones militares del 11 de septiembre de 1973 estuvo el bombardeo de varias antenas de radiodifusión pertenecientes a emisoras identificadas con el gobierno que estaba siendo derrocado.

El periodo entre 1973 y 1989 fue el momento con más acciones de censura de la historia de Chile, y estamos hablando de censura “de texto”: revisiones con poder de veto por parte de la autoridad de contenidos con anterioridad a su emisión o publicación, incluida, además, la inédita exigencia de “autorización previa” por parte de las jefaturas militares locales para fundar un medio de comunicación social. Fueron años pródigos en la rampante estupidez que da el poder total, traducida en anécdotas tales como la vez que se prohibió  informar sobre un hombre que, seguramente por problemas de salud mental, solía exhibirse desnudo en el centro de Santiago allá por 1974, ya que, según las autoridades, iba en contra de los ideales de moralidad y ¡virilidad! que estaban empeñadas en construir. Ni siquiera la prensa partidaria del régimen se salvó: una columna en la que El Mercurio criticaba tanto los asuntos de derechos humanos y los ajustes de cuentas, como el nuevo sistema económico que los militares imponían, terminó con el despido de su entonces director, Arturo Fontaine (luego de una llamada del propio Augusto Pinochet a Agustín Edwards Eastman, dueño del diario).

Tras la dictadura, el periodo que conocemos como transición a la democracia develó no solamente los intereses particulares del “partido militar” que se aferraba al poder, sino también cuitas y cuentas pendientes entre poder y periodismo que venían de mucho tiempo atrás, acaso de siempre. La persistencia en la legislación del delito de desacato —que, básicamente, permitía que periodistas fueran procesados, detenidos y hasta encarcelados por el solo hecho de ofender a las autoridades, fueran ellas personas o instituciones— mantuvo a periodistas como Fernando Paulsen, Juan Pablo Cárdenas, Mónica González y muchos más bajo la amenaza efectiva de ir a prisión por lo que escribían o decían. Uno de los casos más paradójicos lo experimentó la periodista Alejandra Matus, que en 1999 terminó como asilada política en Estados Unidos por haber publicado El libro negro de la justicia chilena: el entonces presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, se querelló en su contra y la amenaza de cárcel fue real. En aquel año, el caso se escapaba del previo clivaje dictadura – democracia (antes de llegar a la cima de la Suprema, Jordán había sido un juez proclive a aceptar casos sobre violaciones a los  derechos humanos): la cuestión ya era personal.

Otros casos similares resuenan hasta hoy, como aquel protagonizado por Francisco Martorell al develar la red de fiestas subidas de tono —campo fértil para el chantaje— que el entonces embajador de Argentina, Oscar Spinosa, ofrecía a la élite política chilena; o ya la directa censura que impidió a los chilenos ver durante años en cines, la película de Martin Scorsese La última tentación de Cristo (al conceder la Justicia que la cinta atentaba “contra la honra de Jesús y de los cristianos vivos”, como argumentaba una agrupación llamada El Porvenir de Chile).

Es interesante mirar los años 90 como un periodo de traslape entre una democracia liberal y una dictadura que se negaba a abandonar sus fueros de poder. En el caso del periodismo, es la tensión entre una sociedad moderna que busca y tiene derecho a ser informada de la manera más amplia y transparente posible —y que por tanto necesita que los cambios culturales y sociales sean reflejados en su sistema informativo y de conformación de opinión pública—, y unos hábitos de control de la opinión y la información por parte del sistema político que, en realidad, nunca dejaron de estar presentes.

Pero, para volver al punto inicial, ¿fue el periodismo chileno realmente libre, en un sentido amplio, antes de septiembre de 1973? ¿O esa añorada libertad más bien se trata de una construcción mítica filtrada por un periodo de brutalidad y de sangre?

En general, y casi desde la conformación misma del Estado, el periodismo chileno ha gozado de una libertad de expresión garantizada en sucesivas Constituciones y leyes específicas. En la práctica, la historia republicana del periodismo chileno —a excepción de una breve ventana de liberalismo en la década de 1870— da cuenta de una prensa expuesta, y mucho, a las veleidades y el control del gobierno de turno. No se trata, por supuesto, de una prensa “prisionera” del control del Estado; no exageremos. Una mirada amplia al periodo debiera concluir que la tradición democrática chilena descansa en libertades de expresión y de opinión que progresivamente han alcanzado a más capas de la sociedad en la medida que el sistema político también las incorpora. Sin embargo, al mismo tiempo persiste una especie de botón de pánico que toda autoridad que se siente amenazada ha tenido la tentación de apretar con el fin de silenciar, coaccionar o coartar el ejercicio del periodismo. Una historia diferente es que lo haya logrado.

La base legal y cultural que gobernaba las restricciones a la libertad de expresión en el siglo XIX ponía los límites en aquello que ofendiera la moral y las buenas costumbres, el honor de los funcionarios del Estado o de personas particulares, la blasfemia (Iglesia y Estado estaban unidos) y la sedición. En 1844, Francisco Bilbao publicó el polémico ensayo Sociabilidad chilena, y se transformó en mártir de la libertad de expresión: terminó condenado por blasfemia, en bancarrota y tuvo que irse del país. Un poco antes, en las páginas de El Valdiviano Federal, José Miguel Infante argumentaba que la sedición era un derecho que tenían los ciudadanos para salvaguardarse de la tiranía, y que, por ende, las leyes que regulaban las imprentas eran profundamente antidemocráticas.

Tras el caso de Bilbao, y pese a que dos años más tarde hubo una ley de imprenta muy restrictiva, los gobernantes prefirieron recurrir a otro tipo de legislación para limitar la acción del periodismo. Surgieron entonces las leyes que penaban la injuria y la calumnia y, sobre todo, que tenían que ver con la seguridad de la República.

En 1872 una nueva ley de imprenta eliminó la cárcel para los delitos que podían conocer los tribunales especiales, así como para la sedición. No fue poco: acaso gracias a esto los desfachatados periódicos de caricaturas y sátira política de autoría de Juan Rafael Allende pudieron mostrar dibujos del entonces arzobispo Valdivieso como un obeso globo hambriento de placeres carnales. Bajo esta ley, y al amparo de la riqueza que trajo el triunfo chileno en la Guerra del Pacífico, hubo además una proliferación de diarios y periódicos (también aparecieron las primeras revistas), en proporción mucho mayor a la población alfabetizada que existía en el país. Esto, en todo caso, ello no salvó a Luis Emilio Recabarren —el líder sindical y publicador de diarios, más adelante fundador del Partido Comunista— de irse preso en 1903 bajo el código de justicia militar, por “incitación a la deserción”, a causa de un artículo que había publicado en el diario La Democracia, de Tocopilla. La Justicia, además, terminó incautando la imprenta.

La grave crisis política y social en que el país estuvo comprometido en la década de 1920 implicó que esta ley “liberal” fuera derogada por un simple decreto ley en 1925, retornándose al espíritu restrictivo que había enfrentado Bilbao. Esto lo hizo un gobierno de facto: la Junta que gobernaba en ausencia del presidente Alessandri. Tal decreto detalló y modernizó las dimensiones antiguas de restricción; por ejemplo, amplió la protección por injurias a los jefes de Estado extranjeros y sus representantes en Chile, y estableció que la “provocación” a la sedición era tan punible como el efecto. El decreto recogió las viejas pulsiones restrictivas y las dejó funcionando para todo el siglo XX, aunque sin inhibir el ejercicio del periodismo. Más bien, estableció una línea que los profesionales del siguiente siglo simplemente cruzaron, aunque ateniéndose luego a las consecuencias.

Quien pagó más caro la restricción a la prensa en Chile fue el periodista Luis Mesa Bell, especializado en lo que hoy se conoce como “periodismo de investigación”. Cuando en 1932 indagó y publicó que eran detectives de Valparaíso los asesinos de un joven de izquierda, los denunciados lo secuestraron y golpearon hasta matarlo. Al año siguiente, el primer congreso de periodistas chilenos (celebrado en el mismo puerto) hacía notar la improcedencia de que los delitos relacionados con el ejercicio del periodismo siguieran siendo vistos por tribunales especiales; y que las acusaciones de injurias, calumnias o de atentado contra la moral en realidad se usaran para silenciar a los profesionales. Se hizo entonces un llamado a amnistiar a todos los colegas imputados por el decreto ley de 1925.

Nadie les hizo mucho caso. En los años siguientes, ocurrirían hechos tales como la relegación a distintos pueblos del país de toda la cúpula editorial y administrativa del diario radical La Hora, opositor a Arturo Alessandri. En 1938, toda la edición de la revista de humor político Topaze fue incautada por la justicia, por haber deslizado en una caricatura que el presidente Alessandri no tenía la valentía de responder a una carta enviada por su archirrival Carlos Ibáñez. El dibujo muestra a este último vestido de domador, con su pie sobre un débil león (a Alessandri le decían “El león de Tarapacá”). El “profesor Topaze”, caricatura emblema de la revista, le dice a un pintor que retrata la escena (que es, a su vez, caricatura del entonces director del gobiernista diario La Nación):

“¿Sabe, mi general, que no es tan bravo el león como lo pintan?”.

En 1938, toda la edición de la revista de humor político Topaze fue incautada por la Justicia, por haber publicado esta caricatura, que deja entender que el presidente Artuto Alessandri no tenía la valentía de responder a una carta enviada por su archirrival Carlos Ibáñez.

El presidente de la República se querelló, y consiguió requisar todos los ejemplares de la revista. El director del semanario, el dibujante Jorge Coke Délano, se defendió ante el juez arguyendo simplemente que ese famélico león mal podía querer representar al Presidente de la República, y la cosa quedó hasta ahí. El juez ordenó la devolución de los ejemplares, pero, durante la noche, la policía arrasó con las instalaciones de Topaze, secuestró los ejemplares y los quemó en las afueras de Santiago.

En los años 40 y 50, la imagen de la policía entrando a las imprentas de los diarios se repitió varias veces. El día en que el célebre periodista Luis Hernández Parker (“… lo dijo Hachepé”) recibió el Premio Nacional de Periodismo, la Policía de Investigaciones concurrió a su casa para escoltarlo hasta la estación de trenes: el presidente Carlos Ibáñez había decretado su relegación por haber emitido en su programa de radio información que no fue del gusto del mandatario, y que, de acuerdo a la subjetividad presidencial, podían constituir sedición.

En 1964, el decreto que regulaba a la prensa se transformó en ley. La famosa “Ley sobre abusos de publicidad”, si se usa el nombre adecuado; también conocida como “ley Ortúzar” entre quienes la aprobaban; o “ley Mordaza”, entre sus opositores. Eran los años de oro de la prensa popular comercial —o prensa “sensacionalista”—, que había estado representada, alternativamente, por los diarios Las Noticias Gráficas, La Segunda (durante varios años) y, especialmente, por Clarín. Este último basaba su éxito en fútbol, crímenes y mujeres semidesnudas en la portada, aunque añadiéndole una inclinación política. Clarín y su dueño, Darío Sainte-Marie (también conocido como “Volpone”), usaban la grosería, la “chispeza”, el epíteto y el sobrenombre para pasar la máquina sobre los políticos rivales. En cierto modo, Sainte-Marie se veía a sí mismo como un “hacedor de reyes” entre la izquierda y, al menos hasta 1970, la Democracia Cristiana. Se puede decir que la ley de 1964 aggiornaba el alcance del decreto de 1925, estableciendo, por ejemplo, penas por el uso de grabaciones de audio y espionaje telefónico. Pero también ampliaba las ofensas a la moral y las buenas costumbres para alcanzar las encendidas portadas de Clarín, lo que llevó a un gran enfrentamiento entre el senador socialista Raúl Ampuero y el dueño del diario (lo menos que escribió Volpone de su enemigo fue que tenía “olor a churrete”), que culminó con un intercambio de golpes en el puerto de Valparaíso, en presencia de todo el resto de la prensa chilena, y con el director del diario, y posterior Premio Nacional de Periodismo, Alberto Gato Gamboa, en prisión.

La ley de 1964 fue moderada en 1967, y tres años más tarde hubo una negociación entre Salvador Allende y la Democracia Cristiana, que aseguró la libertad de los partidos políticos para tener medios de comunicación, así como la prescindencia del futuro gobierno marxista en la intervención arbitraria sobre los medios existentes. Pero la complejidad política del periodo también implicó restricciones severas a la libertad de expresión. En virtud de los muchos estados de excepción constitucional que se decretaron, el gobierno de la UP usó  su poder de suspender estaciones de radio y periódicos (entre ellos, La Segunda, por un día, y radio Agricultura, por varios). El Mercurio llegó a ser suspendido por seis días, a raíz de una querella presentada en su contra por el gobierno, en junio de 1973, si bien sólo estuvo un día fuera de los kioskos, ya que la sanción fue levantada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Sin dictadura, las graves restricciones a la libertad de prensa de los años 90 hubieran sido una especie de continuación de los negocios habituales entre periodismo y poder. Pero hubo un corte, un punto pivotal: la actual Ley 19.733, promulgada a mediados de mayo de 2001, con todos sus defectos incluidos. Que su tramitación tomara casi diez años habla mucho de las tensiones de la primera época de la transición, porque en realidad la antigua democracia no consideraba que el ejercicio del periodismo fuera un bien completamente fundamental para la sanidad de las instituciones.

La ley tuvo algunas características contraintuitivas, fruto de “la cocina” política; por ejemplo,  la obligación para el Estado de contratar periodistas titulados de tales —una señal hacia las universidades y el Colegio de Periodistas—, a cambio de mantener la profesión dentro del libre ejercicio, y no, como entre 1952 y 1973, con colegiatura obligatoria. Sumando y restando, la citada ley arrasó con las antiguas restricciones que terminaban con periodistas presos o muertos de frío en parajes remotos de la geografía, y dejó la resolución de los eventuales delitos cometidos por los profesionales en manos de la justicia civil (terminando así con la figura del desacato y las eventuales “ofensas” a las autoridades).

¿Nos quejamos hoy de llenos? La discusión sobre las libertades de opinión, de información y de ejercicio del periodismo es necesaria para mejorar el sistema. Es cierto que en algún punto del tiempo la prensa escrita estuvo en Chile conformada por dos grandes empresas que copaban casi todo el mercado. Pero si bien ambas empresas continúan existiendo,  Internet y su amplia gama de medios han contribuido a que las posiciones de poder sean menos relevantes al distribuir las audiencias (lo que ha generado una grave crisis económica en los otrora poderosos periódicos). Es cierto que la propiedad de canales de televisión en manos de grandes empresarios puede llevar a comprometer la independencia de las líneas editoriales, pero una mirada en busca de la evidencia da cuenta de varios dueños internacionales —y hasta transnacionales— con más interés en el negocio que en el framing, algo que también sucede, en parte, en la radio.

De que hay problemas, los hay; y siempre los habrá. No puede dejar de mencionarse el reciente espionaje a profesionales que han investigado los escándalos de corrupción del Ejército: el punto es que hoy es el Ejército el que en estos casos ha terminado frente a los jueces, y no los periodistas censurados o relegados.

Existe también la sensación —un tanto twittera, un tanto histérica, una tanto intencionada también— de que hay una gran conspiración que “esconde la verdad”, y que es tan poderosa como para torcer la voluntad del soberano no en una, sino que en dos elecciones democráticas consecutivas recientes. No es un asunto a descartar por baladí. Las cámaras de eco repiten hasta el cansancio argumentos que, en otras circunstancias, no pasarían de un intercambio vehemente al calor de dos o tres cervezas. Estas pulsiones deben ser tomadas en serio, pues sustentan o alimentan una visión política que confunde la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo con las características circunstanciales del mercado de medios de comunicación. Así, aparece el gobierno de turno ofreciendo “ayuda” y “protección” al ejercicio de la profesión; lo que en cierto modo es un oxímoron, ya que el ejercicio del periodismo moderno está definido por la obligación ética de fiscalizar al Estado. Estas pulsiones quedaron de manifiesto en la campaña del actual Presidente Boric, en la del precandidato Jadue (quien proponía una suerte de consejo punitivo para los medios de comunicación que se salieran de la línea buenista) así como en el extraño informe sobre medios de comunicación solicitado por el gobierno a tres universidades estatales.

Tras toda esta compulsión controladora parece persistir una vieja nueva idea. Suelo enseñársela a mis estudiantes escondiendo el nombre del autor: “La libertad de prensa solo se puede sostener si está basada en el respeto por la verdad”. Año a año el porcentaje de estudiantes de Periodismo en pregrado que está de acuerdo con esta oración ha ido subiendo. Este 2023 llegó al ciento por ciento de la clase. La frase fue pronunciada por Augusto Pinochet en noviembre de 1987, cuando inauguró la reunión bianual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Cuesta mucho hacer entender a las jóvenes generaciones que esto es una falacia, que cualquier condicionamiento a la libertad de prensa, incluso uno sujeto a una virtud tan importante como “la verdad”, termina aniquilando la misma libertad que se pretende proteger. Este argumento dice, en el fondo, que la libertad de expresión es un problema que debe ser corregido, y es el mismo que subyace tras la idea moderna, ahora en manos de la izquierda, de que el ejercicio del periodismo debe ser “enderezado” o “ayudado”, pues de lo contrario puede “ caer en mentiras”.

Sí, la libertad de expresión es un problema, pero no uno que deba ser corregido, sino uno que se corrige a sí mismo. No me ayude tanto, compadre.

La democracia puede estar tosiendo, resfriada, e incluso puede sufrir en estos momentos de una grave enfermedad. Sin embargo, si uno mira lo que va del siglo XXI, sencillamente no puede argumentar que el periodismo chileno no haya hecho su trabajo, ni que las historias de corrupción, abuso y coacción por parte del poder no hayan salido a la luz pública, ni que los gobiernos sean hoy capaces de esconder bajo la alfombra sus tejes y manejes de la misma manera en que lo hicieron durante los dos siglos previos. Hay algo que debe ser valorado, y es la libertad de la que gozamos. La historia nos enseña, lamentablemente, que ella se echa de menos solo en el instante en que se pierde.